CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

El Gobierno refuerza las medidas de protección de los jóvenes vulnerables El Ejecutivo canario intensifica el control de los hogares gestionados por los cabildos, a donde envía a los adolescentes en desamparo que tutela El Gobierno canario enciende las luces de alarma. La desarticulación de redes de prostitución en los últimos dos años con la implicación de jóvenes tuteladas por el Ejecutivo pone en jaque el sistema de protección. La Comunidad Autónoma, máxima responsable de la política de menores, está "en alerta". Así lo asegura el viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil, que nada más tomar posesión de su cargo en enero de 2017 -dos meses después de aflorar el caso de las '18 lovas' en Gran Canaria- mantuvo reuniones con agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y diversos profesionales para abordar esta problemática. A pesar de intensificar las medidas de control, el pasado marzo salió a la luz otra operación policial con la detención de ocho personas en Lanzarote, que conformaban una organización criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad, obligadas a consumir droga para prostituirse en clubes de alterne de la isla. Las víctimas eran captadas en centros de menores. En Canarias hay 1. 935 menores de edad con medidas de protección por su situación de desamparo, de los que 864 viven en residencias y 1.071 en acogimiento familiar, según los datos facilitados el viernes por la consejera regional de Políticas Sociales , Cristina Valido, en una comparecencia parlamentaria, en la que defendió que Canarias tiene un buen sistema de protección al menor en el que el acogimiento familiar es la prioridad . "Es imposible que entre tantos menores en edades complicadas no haya incidentes que trasciendan a los medios", aunque son muy minoritarios, adujo Valido, que, no obstante, reconoció que todo es mejorable. De hecho, indicó que el Ejecutivo avanza en mejorar la atención de los adolescentes con graves problemas. En el Archipiélago hay 87 centros de menores. Se trata de hogares y pisos tutelados, espacios en los que conviven pequeños grupos de menores. Los hogares juveniles acogen a niños en desamparo, que no han cometido delitos ni están privados de libertad. Mientras que los centros de medidas judiciales pueden ser cerrados o semiabiertos. Los menores están tutelados por el Gobierno de Canarias y la gestión de los centros es competencia de los cabildos. Por su parte, la guarda de los menores la ostenta el director del hogar, que, dependiendo del cabildo, tiene este servicio subcontratado a ONGs o empresas o lo gestiona directamente. "Los centros deben tener mucho cuidado siempre y hacer un seguimiento real de lo que hacen los niños", sostiene Candil. A raíz del caso de las '18 lovas' se incrementaron "todavía más si cabe" los mecanismos de control policial, así como se confió a una ONG la evaluación de la violencia sexual a menores en las Islas, entre otras actuaciones. Así, la Fundación Márgenes y Vínculos presta desde junio de 2017 un servicio de evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual con el que la Consejería regional de Políticas Sociales pretende reforzar y especializar la atención a estas víctimas y sus familias. La entidad lleva 20 años desarrollando este programa en otras comunidades autónomas. "Nos hemos puesto las pilas y a través de esta entidad se persigue formar a educadores y a todo el personal que trabaja con menores para detectar a tiempo todo tipo de situaciones y llevar a cabo una persecución implacable contra los malos", explicó Candil. "No me atrevo decir que los centros de protección de menores son especiales víctimas de la cacería de los abusadores. Hemos detectado situaciones en centros de secundaria y centros supuestamente normalizados. Hay una situación preocupante a nivel cultural en la que tendremos que influir mucho para que esta sociedad entienda el respeto a los menores y sus derechos. Eso es algo a lo que nos tenemos que comprometer todos", subrayó. "La prevención es absolutamente clave", insisten fuentes judiciales, que reconocen que no hay medios ni efectivos policiales suficientes para hacer un tratamiento individualizado a los menores en riesgo. Además, critican que un menor puede viajar sin autorización de un superior. "Eso ocurre y es culpa de la ley. Hay chicos que se fugan y, como tengan posibilidad de que alguien les pague un billete, cogen el barco o un avión sin problema y no sabemos qué hace", denuncian. En la misma línea fuentes de la Fiscalía cuestionan la falta de efectivos a todos los niveles para combatir este drama y evitar que jóvenes, sobre todo de centros de menores, sean más influenciables. A lo que se une la "falta de intervención y coordinación por parte de varias administraciones, algunos ayuntamientos, la designación de las entidades colaboradoras de los hogares en ocasiones es defectuosa y no hay una implicación de los cabildos, fundamentalmente el de Fuerteventura", reprochan desde el Ministerio Público, que censura "la desorganización y el desgobierno de los centros" en Fuerteventura, "con fugas constantes de menores, que están expuestas a una mayor vulnerabilidad". No en vano, el Ministerio Público lleva años advirtiendo en sus informes sobre las fugas de menores de centros para ejercer la prostitución. "Es una realidad que no se ha incrementado, pero persiste en el tiempo lamentablemente y en Fuerteventura está más agravado", añaden varias fuentes. Sin embargo, la consejera de Bienestar Social del Cabildo majorero, Rosa Delia Rodríguez, lo niega rotundamente y argumenta "no se ha detectado ningún caso" en la isla, que cuenta con cuatro centros de menores y un total de 40 plazas. "El equipo del Cabildo no tiene constancia de eso en absoluto. No nos ha llegado ningún indicio ni incidencia de niños que pudieran ejercer la prostitución. Hacemos un control efectivo y diario", destacó. Por su parte, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, eludió hacer declaraciones a este medio, alegando que "es un tema muy delicado". En esta isla la Policía desmanteló la red de prostitución de mujeres y menores de edad a finales de 2016 y varias fuentes aseguran que esta problemática no se ha zanjado del todo. Los operadores consultados confiesan que hay casos en los que por más que se extreme la prudencia y la responsabilidad resulta casi imposible impedir que jóvenes se inicien en el mundo de la prostitución y las drogas, pero "sí está en nuestras manos apartarlos de ese ámbito de extrema vulnerabilidad", exclaman diversas fuentes. En la lucha contra la explotación sexual, la Policía Nacional activó en 2013 la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es, que han recibido más de 8.000 comunicaciones desde su inicio. Ambas vías facilitan la colaboración ciudadana y la denuncia de delitos. Se garantiza el anonimato.